PARRA ABOGADOS | José Ramón Parra Vanegas
Versión propuesta: 2.0
Fecha de entrada en vigencia prevista: 4 de noviembre de 2026, una vez aprobada y publicada esta versión.
Ámbito: sitio web, formularios, expedientes, atención presencial y digital, contratos, gestión documental y servicios jurídicos.

1. Identificación del responsable y canales de atención

El responsable del tratamiento de los datos personales comprendidos en esta política es JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS, quien desarrolla las actividades aquí descritas bajo la denominación PARRA ABOGADOS. Cuando en una actuación determinada intervengan otros profesionales o entidades que decidan autónomamente las finalidades y los medios del tratamiento, sus responsabilidades se determinarán conforme a las funciones y relaciones jurídicas efectivamente existentes, sin presumir que todos actúan como un único responsable.

Domicilio: Bogotá, D. C., Colombia. Dirección de atención: Avenida El Dorado 68 C 61, Oficina 714, Bogotá, D. C. Correo para protección de datos y ejercicio de derechos: info@parraabogados.com.co. Teléfono de contacto: 3103103101. Sitio web: https://www.parraabogados.com.co.

El canal de correo indicado será el punto de recepción de peticiones, consultas, reclamos, solicitudes de rectificación, actualización, supresión y revocatoria de autorización, sin perjuicio de otros medios válidos previstos por la ley. El área o persona autorizada por el responsable para atender esas solicitudes gestionará el procedimiento y documentará sus actuaciones. La presente política no convierte un teléfono de contacto en canal de notificación judicial ni modifica las reglas procesales sobre notificaciones.

2. Objeto, alcance y sujetos comprendidos

Esta política informa las reglas aplicables a la recolección, almacenamiento, organización, uso, circulación restringida, consulta, verificación, actualización, transmisión, transferencia cuando proceda, conservación, bloqueo y supresión de datos personales, en medios físicos o electrónicos. Se aplica a quienes contacten o contraten los servicios de Parra Abogados; titulares que diligencien formularios; personas relacionadas con inmuebles afectados; representantes legales, familiares y contactos alternativos; proveedores, colaboradores, contratistas y visitantes del sitio web, en cuanto sus datos sean tratados por el responsable.

La política comprende, particularmente, los registros asociados a las inundaciones de diciembre de 2011 en Bosa y Kennedy, Bogotá, y a las actuaciones jurídicas, documentales, contractuales y administrativas relacionadas. La existencia de una persona en un archivo, formulario, listado o base no implica por sí misma una relación contractual vigente, condición de cliente, representación judicial, legitimación, reconocimiento como víctima o derecho indemnizatorio.

3. Marco jurídico y principios rectores

El tratamiento se sujetará al artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, al Decreto 1074 de 2015 en sus disposiciones aplicables, a las instrucciones vigentes de la Superintendencia de Industria y Comercio y, según corresponda, a las normas sobre secreto profesional, conservación documental, contratación y actuación judicial. En materia de deberes profesionales de los abogados se observará, entre otras disposiciones pertinentes, la Ley 1123 de 2007.

Se aplicarán los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. Los datos se tratarán de forma pertinente y proporcionada para finalidades específicas y legítimas; el acceso será limitado según las funciones autorizadas. No se utilizará una autorización general para justificar finalidades incompatibles o no informadas al titular.

4. Categorías de información tratada

De acuerdo con la naturaleza de cada gestión y con la habilitación aplicable, podrán tratarse: datos identificativos (nombres, tipo y número de documento, fecha de nacimiento cuando sea necesaria); datos de contacto (domicilio de correspondencia, teléfonos, correos); datos de representación y relación familiar; información sobre inmuebles (direcciones, barrio o conjunto, referencia predial, matrícula inmobiliaria, CHIP, calidad respecto del inmueble y soportes catastrales); datos contenidos en poderes, contratos, solicitudes, escritos judiciales, autos, radicaciones y constancias; documentación de acreditación, identificación y recepción; y datos técnicos de comunicaciones y formularios, cuando sean efectivamente registrados.

No se solicitará ni conservará información adicional por mera conveniencia si no existe una finalidad definida. La pertenencia a un grupo procesal, las condiciones de ocupación, los estados de reclamación y las acreditaciones se diferenciarán de declaraciones aún no comprobadas. Los datos sobre un predio no constituyen automáticamente datos personales de todos sus residentes ni prueba de derechos de quienes figuren relacionados con él.

5. Finalidades específicas del tratamiento

Los datos podrán tratarse, según las finalidades informadas en cada canal y la autorización o fundamento jurídico pertinente, para: (i) recibir registros y solicitudes de actualización; (ii) identificar a la persona y establecer correspondencias con inmuebles, expedientes y relaciones persona-predio; (iii) verificar declaraciones, poderes, representantes, calidades respecto del inmueble y documentos aportados; (iv) gestionar atención, citas, comunicaciones solicitadas, recepción documental y requerimientos de subsanación; (v) evaluar, formalizar y ejecutar contratos de servicios jurídicos y poderes cuando proceda; (vi) preparar defensas, peticiones, memoriales, actuaciones y gestiones permitidas ante despachos judiciales y autoridades; (vii) prevenir errores de identidad, duplicidades indebidas, suplantaciones, fraudes y accesos no autorizados; (viii) atender derechos de los titulares y cumplir obligaciones legales, judiciales o contractuales; y (ix) mantener trazabilidad y evidencia de actuaciones, autorizaciones, consultas, cambios y recepción de soportes.

Las comunicaciones se limitarán a las finalidades que correspondan a la relación existente o a la solicitud del titular. La publicidad comercial, las campañas de mercadeo o la difusión de información no vinculada a la gestión jurídica requerirán una finalidad y habilitación diferenciadas, cuando legalmente sea exigible. No se venderán bases de datos personales ni se utilizará la información para comercialización indiscriminada.

6. Acción de grupo: clasificación procesal y calidad respecto del inmueble

En el marco de la acción de grupo se mantendrán separados, como conceptos distintos: a) la eventual pertenencia acreditada al GRUPO ACTOR O DEMANDANTE; b) la situación de quienes manifiesten interés en integrar el GRUPO DE LOS ACOGIDOS y, si procede, acogerse a los efectos de una eventual sentencia favorable, en las condiciones legales y judiciales aplicables; c) la calidad declarada o acreditada de cada persona respecto de un inmueble en diciembre de 2011 (propietario, arrendatario, familiar, residente u otra condición); y d) los estados de verificación documental, representación y reclamación.

El hecho de que una persona no aparezca en el Grupo Actor no determina automáticamente su inclusión en el Grupo de los Acogidos. La presencia de un inmueble en la base no clasifica procesalmente a todas las personas vinculadas. Ningún formulario o algoritmo acredita por sí solo titularidad de dominio, residencia, daños, representación, legitimación, derecho a indemnización ni radicación ante la Defensoría del Pueblo. Cualquier requisito, plazo o efecto posterior a una sentencia deberá verificarse con la decisión judicial y las disposiciones aplicables.

7. Fuentes de los datos y calidad de la información

La información podrá provenir del propio titular, sus representantes debidamente legitimados, documentos que aporte, relaciones jurídicas existentes, expedientes y providencias judiciales a los que se acceda legítimamente, fuentes públicas en cuanto los datos tengan carácter público y demás fuentes legalmente habilitadas. Se verificará la licitud de la obtención y el alcance de las restricciones de uso; el acceso a un expediente o a un documento no convierte automáticamente todo su contenido en información de libre divulgación.

Parra Abogados procurará distinguir entre dato declarado, dato extraído de un documento, dato contrastado y dato acreditado conforme a la fuente pertinente. Podrá requerir soportes, cotejar inconsistencias y dejar en estado pendiente una información que no haya sido suficientemente comprobada. No se asumirán hechos o derechos por el solo diligenciamiento de formularios, por similitud de nombres o por compartir una dirección.

8. Exactitud, normalización, correcciones y conservación de fuentes

Para facilitar consultas y cruces, podrán generarse versiones estandarizadas de nombres, documentos, teléfonos, direcciones y referencias de inmuebles. La normalización no deberá alterar el valor probatorio ni sustituir, sin trazabilidad, el documento o declaración original. Cuando exista divergencia, se conservará la fuente original y se registrará la corrección, su fundamento, fecha y responsable autorizado.

Los registros repetidos no serán suprimidos automáticamente: una misma persona puede figurar en distintos predios, condiciones o actuaciones, y varias personas pueden vincularse legítimamente al mismo inmueble. Las solicitudes de rectificación se resolverán con base en la documentación y en las normas aplicables; el responsable podrá exigir las comprobaciones razonables necesarias para evitar suplantaciones o modificaciones improcedentes.

9. Formularios en línea y solicitudes de actualización

Los formularios públicos de registro o actualización tendrán por objeto recibir declaraciones y solicitudes para revisión, no conceder acceso directo de escritura a las bases maestras. La identificación mediante nombre y número de documento no acredita por sí sola la identidad de quien solicita un cambio. Antes de actualizar datos sensibles, procesales, de representación, identificación o contacto relevante, Parra Abogados podrá adoptar verificaciones adicionales proporcionadas al riesgo y a las características de la solicitud.

Las respuestas podrán almacenarse inicialmente en una bandeja separada del registro maestro, con su fecha de recepción, contenido original y estado de trámite. Se respetará la trazabilidad de versiones y se evitarán sobrescrituras automáticas. Cuando el formulario no exija prueba documental inmediata, la ausencia de soportes no se interpretará como falsedad, pero permitirá calificar el dato como pendiente de revisión. El suministro de información no sustituye un contrato, un poder, una radicación ni la acreditación de requisitos judiciales.

10. Autorizaciones, información previa y prueba del consentimiento

Cuando se requiera autorización, esta será previa, expresa e informada, mediante un mecanismo que permita su consulta posterior y la conservación de evidencia. La política estará disponible antes o al momento de la recolección y se informarán al titular el responsable, las finalidades, los derechos, los canales de atención y el carácter facultativo de las respuestas sobre datos sensibles o de menores.

El responsable conservará, según los medios implementados, evidencia del texto aceptado, versión de la política, fecha y hora, formulario o canal utilizado y manifestación de voluntad. La falta de oposición, una casilla premarcada o una afirmación genérica insuficiente no se tratarán como autorización cuando la ley exija consentimiento válido. Cuando opere una excepción legal de autorización, se documentará su fundamento y se respetarán los demás principios y obligaciones.

11. Datos sensibles y tratamiento excepcional

Los datos sensibles, entre ellos los referentes a salud, información biométrica o aquellos que afecten la intimidad o puedan generar discriminación, solo se tratarán cuando exista necesidad legítima, habilitación legal y las garantías especiales que correspondan. Como regla general, su entrega no será condición para utilizar el formulario básico de registro o actualización. Cuando se soliciten, el titular será informado de que su respuesta es facultativa, salvo habilitación específica prevista por la ley.

Si un trámite judicial exige información sensible, se limitarán su recolección, acceso, circulación y conservación a quienes estén autorizados y a los fines necesarios. La presente política no autoriza por sí sola a publicar informes médicos, historias clínicas, datos biométricos o información íntima de los afectados.

12. Datos de niños, niñas y adolescentes

El tratamiento de datos de menores se sujetará al interés superior del niño, niña o adolescente, al respeto de sus derechos fundamentales y a las reglas especiales previstas por la ley. Cuando se requiera autorización, se recabará de quien tenga representación legal suficiente, escuchando al menor en los términos aplicables según su madurez y autonomía.

No se presumirá la representación legal de un menor por compartir apellido, domicilio o parentesco declarado. La información de menores vinculados a un inmueble o expediente se tratará con acceso reforzadamente restringido. Los formularios públicos de uso general no solicitarán a menores que registren directamente información de terceros ni documentos sensibles sin un mecanismo especial adecuado.

13. Datos de terceros, familiares y contactos alternativos

Cuando un usuario proporcione datos de familiares, propietarios, arrendatarios, residentes, representantes o contactos alternativos, se emplearán únicamente dentro de una finalidad legítima y con la habilitación que corresponda. El informante deberá procurar que sus declaraciones sean fieles a lo que conoce y no atribuir consentimientos ajenos que no le hayan sido otorgados.

El registro de un número de teléfono alternativo no equivale, por sí solo, a autorización de su titular para recibir mensajes. Antes de establecer comunicaciones directas con terceros se verificará la autorización o el fundamento aplicable. No se divulgará a un solicitante información privada de otras personas asociadas al mismo predio sin una habilitación jurídica suficiente.

14. Representación judicial, poderes y secreto profesional

Los poderes, contratos y datos de representación serán objeto de verificación individual. La mención de un abogado en un formulario no crea ni revoca un poder ni modifica la representación existente en un expediente. Parra Abogados conservará separadas las manifestaciones del usuario, los poderes o documentos jurídicos y las decisiones judiciales que produzcan efectos procesales.

Los abogados y las personas autorizadas observarán sus deberes de reserva y secreto profesional, incluso después de terminada la relación de servicios, en los términos legales. La política no constituye renuncia del titular a la confidencialidad, al debido proceso, al derecho de defensa ni a las garantías previstas por la normativa de protección de datos personales.

15. Comunicaciones por celular, correo electrónico y mensajería

Los medios de contacto suministrados podrán utilizarse para confirmar solicitudes, informar sobre trámites, solicitar soportes o comunicar asuntos directamente relacionados con las finalidades autorizadas. Cuando se utilicen servicios de correo, telefonía o mensajería, incluido WhatsApp si está habilitado para la gestión, el tratamiento se sujetará a la configuración del servicio y a las reglas legales aplicables.

Por seguridad, Parra Abogados podrá limitar el contenido de comunicaciones no verificadas y solicitar validación adicional antes de enviar documentos jurídicos, datos de menores, información patrimonial o identificaciones. Las personas deberán evitar divulgar documentos o datos confidenciales en grupos abiertos y verificar que utilizan los canales oficiales. El responsable no condicionará el ejercicio de derechos de protección de datos a la aceptación de mensajes promocionales.

16. Contratos, identificación y recepción de documentos

Cuando proceda, se tratarán exclusivamente los datos necesarios para preparar contratos individuales, identificar a las partes y a sus representantes, verificar poderes y declaraciones, registrar la recepción y entrega de documentos, generar constancias y mantener la trazabilidad de las actuaciones jurídicas y documentales autorizadas. Las solicitudes, correcciones y validaciones deberán vincularse con la persona y, cuando corresponda, con el inmueble y el documento de soporte, evitando modificar sin trazabilidad las fuentes originales.

No se publicarán listados masivos de cédulas, teléfonos, direcciones de contacto ni documentos personales. La recepción de documentos, la declaración de una calidad respecto del inmueble o la generación de un contrato preliminar no acredita por sí sola derecho a reconocimiento judicial, pertenencia a un grupo procesal ni representación legal. Los contratos y soportes documentales se conservarán durante los plazos que resulten legalmente exigibles.

17. Comunicación a autoridades y destinatarios autorizados

Los datos podrán comunicarse, en la medida necesaria y con fundamento jurídico, a autoridades judiciales y administrativas, incluida la Defensoría del Pueblo cuando proceda, así como a órganos de control, otras entidades competentes, en virtud de obligaciones legales, requerimientos válidos o actuaciones legítimas. Antes de una entrega se evaluarán su finalidad, competencia, alcance y condiciones de reserva o confidencialidad.

También podrán comunicarse, dentro de los límites legales y contractuales aplicables, a profesionales o colaboradores autorizados, proveedores de servicios documentales, tecnológicos o de archivo, cuando sea estrictamente necesario. No se autoriza la difusión pública de bases de datos completas ni la entrega indiscriminada de datos a personas que afirmen integrar el mismo grupo procesal o estar vinculadas al mismo predio.

18. Encargados tecnológicos y servicios en la nube

La operación podrá apoyarse en plataformas de formularios, hojas de cálculo, almacenamiento de archivos, correo, alojamiento web y herramientas de gestión documental que se encuentren efectivamente contratadas o habilitadas. Estos terceros podrán intervenir como encargados del tratamiento, responsables independientes u otros sujetos, según la naturaleza real de cada servicio y sus condiciones legales.

Antes de utilizar servicios que impliquen tratamiento por terceros se verificarán, según corresponda, las garantías de confidencialidad, seguridad, acceso, instrucciones, conservación y eliminación, así como los acuerdos exigibles. La utilización de herramientas tecnológicas no convierte automáticamente sus proveedores en destinatarios autorizados para finalidades comerciales propias. Se evitará incorporar datos personales de expedientes reservados en herramientas no autorizadas.

19. Transmisiones y transferencias internacionales

Si el uso de servicios tecnológicos o la ejecución de una actividad exige el tratamiento de datos fuera de Colombia, se distinguirá entre transmisión internacional a un encargado por cuenta del responsable y transferencia internacional a otro responsable. Cada operación se sujetará a las condiciones legales aplicables, incluidas las garantías contractuales y las reglas sobre países con nivel adecuado de protección o excepciones legalmente previstas.

No se entenderá que el titular autoriza indiscriminadamente toda transferencia internacional por el simple hecho de utilizar el formulario. Antes de nuevas operaciones se evaluará si se requiere información adicional, autorización o una base jurídica distinta. El responsable conservará evidencia de los criterios y medidas adoptados.

20. Seguridad de la información y control de accesos

Se adoptarán medidas técnicas, humanas y administrativas proporcionadas a la naturaleza de la información y a los riesgos de su tratamiento. Entre las medidas que deberán implementarse según el sistema utilizado se encuentran: permisos por función, gestión de cuentas y contraseñas, autenticación reforzada cuando resulte adecuada, segregación de datos públicos e internos, control de enlaces compartidos, registro de accesos y modificaciones relevantes, copias de respaldo protegidas, capacitación y procedimientos de manejo seguro de documentos.

La descripción de estos controles expresa compromisos de gestión que deberán ejecutarse y documentarse; no constituye declaración de invulnerabilidad ni garantía de ausencia absoluta de incidentes. Los colaboradores y proveedores autorizados deberán observar los compromisos de confidencialidad pertinentes y comunicar oportunamente los eventos que puedan comprometer la información.

21. Incidentes de seguridad y gestión de riesgos

Si se detecta pérdida, acceso no autorizado, alteración, divulgación indebida o un evento que pueda comprometer datos personales, se procederá a registrar, evaluar, contener, investigar y remediar el incidente conforme a un protocolo interno proporcional a sus riesgos. Se determinará la obligación de reporte ante la autoridad y de información a los afectados según la normativa y las circunstancias del caso.

Se mantendrán registros de incidentes, decisiones y acciones correctivas cuando corresponda. El responsable no podrá usar esta política para excluir responsabilidades legales que le sean imputables; tampoco se presumirá responsabilidad por hechos ajenos sin una evaluación fundada en los deberes, la conducta y la normativa aplicable.

22. Plazos de conservación, archivo y eliminación

La información se conservará por el período necesario para cumplir la finalidad informada y las obligaciones legales, profesionales, procesales, contractuales, probatorias y documentales que correspondan. No se fija un único plazo indiscriminado para todos los datos: el período aplicable depende de su clase, de la fuente, del estado del proceso y de las normas especiales pertinentes.

Cumplida la finalidad y vencidas las obligaciones legítimas de conservación, se adoptarán medidas de supresión, anonimización, bloqueo o archivo restringido según proceda. Cuando una solicitud de rectificación recaiga sobre un expediente o documento fuente que no pueda alterarse legalmente, podrá conservarse el original junto con la anotación o rectificación correspondiente, evitando que se presente como vigente un dato cuya inexactitud haya sido verificada.

23. Derechos de los titulares y gratuidad del acceso

El titular tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos; solicitar prueba de la autorización cuando legalmente corresponda; recibir información sobre el uso de sus datos; acceder gratuitamente a ellos en las condiciones legales; formular consultas y reclamos; solicitar la supresión o revocatoria de la autorización cuando proceda; y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio después de agotar el trámite exigido por la ley, sin perjuicio de otros mecanismos aplicables.

El acceso será gratuito al menos una vez por cada mes calendario y cuando existan cambios sustanciales en la política que motiven nuevas consultas, de conformidad con la regulación aplicable. La solicitud de rectificación o supresión será evaluada frente a los deberes de custodia y conservación legal y al derecho a mantener la integridad de las fuentes judiciales.

24. Presentación de consultas, reclamos y acreditación del solicitante

Los titulares podrán presentar consultas o reclamos al correo info@parraabogados.com.co o por escrito en Avenida El Dorado 68 C 61, Oficina 714, Bogotá, D. C.. Para permitir su adecuada atención, se recomienda identificar al solicitante, indicar el derecho ejercido, describir los datos o hechos y señalar un canal de respuesta. Cuando actúe un causahabiente, representante o apoderado, se solicitará soporte suficiente de esa condición; no se exigirá información desproporcionada.

Se podrán realizar comprobaciones razonables de identidad para evitar accesos o modificaciones por terceros no autorizados. Un número de cédula o teléfono por sí solo no autoriza a entregar un expediente privado ni a sustituir datos de contacto. Si la solicitud involucra información de terceros, representación judicial o documentos sujetos a reserva, se aplicarán las restricciones legales correspondientes, informando la decisión al solicitante en los términos aplicables.

25. Procedimiento y términos legales de consultas y reclamos

Consultas: serán atendidas en un máximo de diez (10) días hábiles desde su recepción. Si no es posible resolverlas dentro de ese término, se informarán oportunamente las razones y la nueva fecha de respuesta, que no podrá superar cinco (5) días hábiles adicionales.

Reclamos: si la solicitud está incompleta, se requerirá su subsanación dentro de cinco (5) días siguientes a la recepción. Si transcurren dos (2) meses desde el requerimiento sin que se subsane, podrá entenderse desistido el reclamo. Si quien lo recibe carece de competencia, lo trasladará a quien corresponda dentro de dos (2) días hábiles, informando al interesado. Recibido el reclamo completo, se incluirá la anotación “reclamo en trámite” y su motivo dentro de un máximo de dos (2) días hábiles, manteniéndola hasta decidirlo. El término ordinario de respuesta será de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente a su recibo; en caso de demora justificada, podrá ampliarse hasta por ocho (8) días hábiles adicionales, con información previa al interesado.

Las solicitudes y respuestas deberán quedar documentadas. Para presentar queja ante la SIC por un asunto amparado por este procedimiento, el titular o causahabiente deberá agotar previamente el trámite de consulta o reclamo ante el responsable o encargado, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012.

26. Rectificación, revocatoria y supresión: límites legítimos

Las peticiones de actualización o corrección se estudiarán para asegurar que los registros sean exactos, completos y comprobables. La solicitud de suprimir información o revocar la autorización será atendida cuando proceda, pero no implica eliminación automática de documentos cuya conservación resulte obligatoria o necesaria por un fundamento jurídico válido, por ejemplo, para atender procesos judiciales, obligaciones contractuales o de defensa legítima de derechos.

Cuando la conservación sea jurídicamente obligatoria, se limitará el uso a la finalidad subsistente y se explicarán los motivos de la decisión, sin desconocer los derechos del titular. La política no contiene una renuncia anticipada de derechos ni una autorización irrevocable para tratar datos personales.

27. Uso del sitio web, navegación y tecnologías de seguimiento

El sitio www.parraabogados.com.co podrá contener enlaces a formularios, servicios de terceros, documentos y otros recursos. Los datos proporcionados mediante un formulario externo se tratarán según su finalidad y los roles de las entidades involucradas. Los visitantes deberán poder identificar cuándo abandonan el dominio institucional y acceden a un proveedor externo.

La utilización de cookies, medición de audiencia, registros técnicos de servidor, herramientas analíticas u otras tecnologías de seguimiento deberá ajustarse a los servicios efectivamente activos y a la información que deba proporcionarse al visitante. Si se usan tecnologías que requieran un aviso o mecanismo específico de consentimiento, este deberá implementarse. No se afirma que una tecnología concreta esté habilitada sin verificación de la configuración real del sitio.

28. Vigencia, publicación y modificaciones

La presente política está prevista para entrar en vigencia el 4 de noviembre de 2026, una vez aprobada formalmente y publicada en el sitio web de Parra Abogados. Estará disponible para consulta en un lugar accesible de www.parraabogados.com.co y podrá reproducirse en otros canales institucionales. La versión vigente indicará su identificación y fecha, y el responsable conservará constancia de versiones anteriores cuando sea necesario.

Las modificaciones sustanciales relativas a la identidad del responsable o a las finalidades que afecten la autorización serán informadas en los términos legales; cuando corresponda, se solicitará una nueva autorización para finalidades modificadas. Las actualizaciones de forma no eliminarán los derechos de los titulares ni autorizarán usos nuevos no informados.

29. Interpretación de la política y protección equilibrada

Esta política es un instrumento público de información y gestión de datos personales, no un contrato de adhesión que limite derechos fundamentales, ni una garantía de resultados judiciales o administrativos. Sus disposiciones se interpretarán de manera compatible con la legislación colombiana, con los deberes de secreto profesional y con las medidas de seguridad razonables y demostrables. Cualquier cláusula incompatible con una norma imperativa se entenderá sujeta a dicha norma sin afectar, cuando sea posible, las restantes disposiciones.

Parra Abogados podrá exigir verificaciones razonables, abstenerse de modificar datos sin soporte, restringir accesos no autorizados y conservar evidencias legalmente necesarias; al ejercer esas facultades deberá motivar sus decisiones y respetar las garantías del titular. Ninguna declaración suministrada mediante el sitio o un formulario constituye por sí sola acreditación de derechos, poderes judiciales o condiciones procesales.

30. Referencias normativas principales

Constitución Política de Colombia: artículo 15. Ley 1581 de 2012: especialmente artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 26. Decreto 1074 de 2015: disposiciones reglamentarias sobre autorización, información, políticas, avisos de privacidad, derechos, encargados, transmisiones, transferencias y responsabilidad demostrada. Ley 1123 de 2007: artículo 28, entre otros, en lo relativo al secreto profesional. Se aplicarán las normas posteriores y las instrucciones regulatorias que resulten pertinentes para las actividades efectivamente desarrolladas.

Aprobación: por el responsable del tratamiento. Fecha de vigencia aprobada para publicación: 4 de noviembre de 2026, sujeta a la aprobación de esta versión ampliada.